El Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo expresaron su reconocimiento a las instituciones, invitándoles a mantener su liderazgo en la promoción de políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas.
Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entregó reconocimiento a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y a la Superintendencia de Bancos con el Sello Igualando RD para el Sector Público, en un evento en el que cuatro nuevas instituciones se unen al proceso de implementación de esta iniciativa, que busca incorporar el enfoque de igualdad y equidad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la gestión institucional.
Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, indicó que “a través de esta iniciativa, formalizada en 2021 en una primera cohorte, ya se han reconocido a siete instituciones públicas, generando un impacto directo en cerca de 30 mil personas, pero, sobre todo, generando políticas públicas género transformadoras de impacto nacional en sectores como la participación política, la justicia, las compras públicas, protección social, tecnología y datos.
El Sello Igualando RD es un acelerador para el cierre de brechas, lo cual forma parte de un grupo de acciones que implementa el Ministerio de la Mujer para asegurar que todos nuestros planes, programas y proyectos consideren las necesidades e intereses diferenciados de hombres y mujeres”.
En tanto, Inka Mattila, representante residente del PNUD dijo que “el Sello de Igualdad de Género en el Sector Público es una iniciativa innovadora alineada con las prioridades nacionales, que coloca a las instituciones públicas dominicanas como referente internacional, como se demostró recientemente en la premiación de PNUD del Sello de Igualdad de Género a nivel global. En esa premiación, instituciones dominicanas pudieron mostrar al mundo como han podido fortalecer y transformar sus dimensiones internas y externas, con impacto de políticas públicas que cuentan con perspectiva de igualdad de género y que promueven el empoderamiento de las mujeres.”
Como parte de este proceso que tuvo una duración de dos años, las instituciones ejecutaron un proceso de alineación de su misión institucional con los estándares de la iniciativa.
La Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) ha diseñado y puesto en marcha una arquitectura institucional inclusiva, asegurando personal con las calificaciones y conocimientos necesarios para incorporar el enfoque de género en su trabajo. Producto de la exitosa implementación de estas acciones, la DGAPP alcanzó el Sello Igualando RD nivel Bronce.
Mientras que la Superintendencia de Bancos ha promovido la autonomía económica y la inclusión financiera de las mujeres a través de la APP ProUsuario, facilitando el acceso de las mujeres a información financiera y para sus negocios. Además, publica datos desagregados por sexo y un sistema de indicadores de género financieros clave para desarrollar políticas, con lo cual ha podido alcanzar el Sello Igualando RD nivel Plata.
El Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo expresaron su reconocimiento a las instituciones por su compromiso y trabajo arduo en la adopción de medidas género transformadoras. Asimismo, las exhortaron a mantener su liderazgo en la promoción de políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas.
Por otra parte, cuatro nuevas instituciones asumen el compromiso para avanzar hacia la igualdad de género, a través de impulsar transformaciones internas y externas, con acciones concretas para eliminar la brecha salarial de género, brindar más oportunidades laborales a las mujeres, prevenir la violencia de género y el acoso, promover la corresponsabilidad del cuidado de la familia, entre otras. Las instituciones que forman parte de la segunda cohorte del Sello Igualando RD para el Sector Público son: el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; la Oficina del Defensor del Pueblo; la Superintendencia de Electricidad; y la Contraloría General de la República.
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