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febrero 18, 2020
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Por Balbueno Medina
La crisis que atraviesa el país luego de la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, debe ser encarada con responsabilidad por los diferentes sectores de la vida nacional, para garantizar el montaje de unos nuevos comicios revestidos de la mayor confianza y credibilidad de la población dominicana.
Contrario a lo que han planteado algunos sectores políticos el consenso que surja de entre las diferentes fuerzas políticas y sociales de la nación, debe preservar la integridad del pleno de la Junta Central Electoral, porque designar nuevos integrantes de ese organismo seria improvisar el montaje de los nuevos comicios municipales.
De igual manera, la sociedad dominicana debe garantizar la celebración de las nuevas elecciones municipales en el plazo que establece la Constitución de la República, por lo cual debe decidir con tiempo en común acuerdo con los partidos políticos la convocatoria al nuevo certamen municipal para comenzar desde ya los trabajos del montaje del mismo.
Para la salud del proceso y convencimiento de que lo que se hará será creíble y confiable para los dominicanos, se debe profundizar las investigaciones en torno a los hechos ocurridos y que provocaron la suspensión de las elecciones municipales, estableciendo consecuencias extremas contra las personas que sean halladas culpables de vulnerar el sistema voto automatizado en todo el país.
Las garantías y sanidad del proceso que se monte en el nivel municipal, también debe de estar revestido de una amplia y estrecha vigilancia del sistema informático de la Junta Central Electoral, en el que se encuentren representados los partidos políticos, la sociedad civil y los organismos de observación electoral internacional acreditados en el país.
Estamos conscientes de que la Junta Central Electoral y los partidos políticos tomaron la decisión más acertada de suspender las elecciones municipales del 16 de febrero, evitándole de esa manera al país y baño de sangre que pudo haberse producido cuando la mayoría de electores no se encontraran en los registros del sistema de voto automatizado.
Pese a esa situación, vivimos momentos de tensión en varios pueblos del interior del país y sectores del gran Santo Domingo, donde por lo menos unos cinco dominicanos perdieron sus vidas por las situaciones suscitadas en el proceso electoral que pudo haber sido peor si se hubiera decidido continuar el proceso con las deficiencias detectadas desde el sábado 15 de febrero por la noche.
Lo cierto es que lo ocurrido este 16 de febrero, tendrá sus repercusiones negativas en las elecciones municipales que habrán de montarse en el plazo que establece la constitución de la República, porque a las mismas no acudirá el número de dominicanos que estaba dispuesto a participar en el certamen abortado por las irregularidades denunciadas, por lo que será necesario emplearse a fondo para garantizar la celebración de unos comicios que levanten la credibilidad y confianza de todos.
Por lo tanto, el deber de rescatar la institucionalidad de la Junta Central Electoral y por vía de consecuencia salvar la democracia del país, está en manos de la clase política, los miembros del organismo comicial y los sectores sensatos de la sociedad dominicana que han asumido el compromiso de reparar los daños ocasionados a la institucionalidad y a los electores del país.
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