Escrito por
8097026471
febrero 18, 2019
-
0
Comentarios
Santo Domingo.- El jurista Namphi
Rodríguez alertó al Poder Ejecutivo que debe evitar “graves daños” al debate
democrático y a la libertad de expresión promulgando una Ley de Régimen
Electoral que criminaliza con penas de hasta 10 años de reclusión los delitos
difamación e injuria que se cometan contra candidatos, agrupaciones y partidos
políticos adversos.
El presidente de la Fundación
Prensa y Derecho, dijo que la nueva Ley
Electoral aprobada por el Congreso y pendiente de promulgación por el Poder
Ejecutivo es una “espada de Damocles contra la libertad de expresión”.
“Es inconcebible que en el siglo
XXI se pretenda aprobar una ley mordaza tan draconiana, que desborda los
principios de proporcionalidad y razonabilidad del artículo 74 de la
Constitución de la República”, advirtió al instar al Poder Ejecutivo a no
promulgar la referida norma.
Rodríguez, subrayó que el numeral
18 del artículo 84 de la nueva legislación dispone que serán castigados “con
penas de 3 a 10 años los que violaren las normas constitucionales, éticas y
legales sobre uso de medios de comunicación impresos, electrónicos y
digitales”.
Sostuvo que esas penas alcanzan
no sólo a quienes profieran los delitos contra el honor de candidatos y
partidos políticos, sino también a quienes “elaboren, financien o compartan”
campañas dinigrantes con piezas propagandísticas difamantes o injuriosas contra
el honor o la intimidad de los candidatos o los partidos políticos.
Adujo que se trata de una
desnaturalización de la tipificación penal de los delitos contra el honor de
los particulares, que actualmente son sancionados con penas de 15 días a seis
meses de prisión por la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento.
“Debe ser la ley más dura que se
ha aprobado en América Latina en materia de campañas electorales, viola la
Constitución, desconoce la Convención Americana de Derechos Humanos y afectará
el debate democrático y la libertad de expresión”, subrayó.
Rodríguez afirmó que esa ley, y
la Ley 33-18, de Partidos Políticos, configuran la “tormenta perfecta” para
aniquilar la libertad de expresión en República Dominicana en los períodos
electorales.
El experto en Derecho
Constitucional reconoció que en el país existe la necesidad “vigilar” la
calidad del debate político en las campañas y precampañas electorales, pero
censuró que se pretenda crear un clima generalizado de inhibición e
intimidaciónpara que no se hagan denuncias de corrupción o se publiquen actos
escandalosos de políticos y partidos.
No hay comentarios
Publicar un comentario