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febrero 10, 2019
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Santo Domingo.- El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó este domingo que en la actual coyuntura el país está ante una excelente oportunidad para dar inicio a un proceso de renovación del sistema de justicia, cuando en unos dos meses el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) deba concluir el proceso de elección o ratificación de la mayor parte de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a su presidente.
“Que ese proceso fortalezca o no la justicia es responsabilidad primero del presidente Danilo Medina, que controla los votos de 6 de los 8 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero nos compete a todos los sectores nacionales exigir al mandatario cumplir su obligación de fortalecer el sistema judicial y con ello asegurar la estabilidad y la paz social del país”, subrayó el líder político.
Abinader, dijo que los dos representantes de la oposición en el Consejo, senador José Ignacio Paliza y diputada Josefa Castillo, han cumplido su desempeño con madurez y responsabilidad, defendiendo con firmeza el carácter institucional, la calidad y transparencia de la elección, sin caer en posturas extremas.
“Ahora depende del presidente Medina, y de los sectores interesados en el avance institucional del país, que la composición de la nueva Suprema sirva al fortalecimiento del sistema judicial, o que continúe en los niveles de degradación que han sido en parte responsables del auge de la inseguridad, el desasosiego social y las ostensibles lagunas del estado de derecho”, resumió.
“Por razones de orden social, económicas, institucionales y del desarrollo integral a que estamos compelidos los dominicanos a emprender a estas alturas de los avances de la humanidad, nuestro país urge de una nueva justicia que estoy seguro vendrá con el gobierno del cambio que iniciaremos a partir de agosto 2020, pero que tenemos ahora la oportunidad de iniciar”, expuso al dar inicio al encuentro sectorial Unidos por el Cambio, con la asistencia de más 300 abogados.
Al enumerar varias medidas para la necesaria independencia del sistema de justicia y garantizar la estabilidad y la paz social, dijo: nos proponemos:
A) Promover la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, devolviéndolo a su composición original, excluyendo al Procurador General de la República;
B) Lograr la instauración de un concurso de oposición para la escogencia de jueces y abogados que aspiren a la Suprema Corte de Justicia y así garantizar la idoneidad de estos;
C) Abogar para que en las Altas Cortes se elija a personas que no hayan evidenciado militancia política en un período de cinco años, previo al proceso de designación;
D) Hacer todo cuanto sea posible para lograr la independencia del Ministerio Público, haciéndolo autónomo del Poder Político.
Preguntado cómo se lograrían esos avances, en medio de la extrema precariedad en que se desenvuelve el sistema judicial, Abinader respondió que cambiando la conducta irresponsable que ha mantenido el gobierno del PLD en la aplicación del mandato de la ley 194-04 de Autonomía del Poder Judicial, la cual manda que el Poder Judicial reciba el 2.67% de los ingresos fiscales, mientras se le asigna alrededor de la mitad.
“Nuestro primer compromiso es cumplir y hacer cumplir la ley que asigna al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República los fondos que la ley les otorgan para que puedan realizar sus funciones”, precisó, para agregar que no es posible que la provincia Santo Domingo tenga la mitad de los tribunales que el Distrito Nacional cuando recibe el doble de procesos judiciales anualmente.
Ni es concebible que aún estén pendientes de apertura más de 100 tribunales, solo por falta de fondos. Por eso la Justicia requiere urgentemente un cambio que nosotros como gobierno sabremos cómo lograr.
Enfatizó en que es indispensable la despolitización de quienes estén llamados a ser representantes de la sociedad ante la Justicia, y para eso es necesario reformar el régimen regulatorio del Ministerio Público, por eso promoverá una reforma a la Constitución a los fines de que el Presidente de la República no sea quien designe del procurador General de la República y que garantice la inamovilidad del Procurador y sus adjuntos, así como fortalecer la carrera del ministerio público.
También es impostergable mejorar los salarios de los procuradores, fiscales y fiscalizadores.
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