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enero 21, 2019
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Boca Chica.- La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó al alcalde de Boca Chica Radhames Castro, a entregar los documentos sobre la autorización de uso de suelo y el pago de los impuestos de 8 millones 500 mil pesos, para la instalación de un gasoducto que va desde esa comunidad a San Pedro de Macorís.
Los jueces Diomedes Villalona, juez presidente; Alina Mora de Mármol y Cecilia Badia, dispusieron además una sanción económica (astriente) de mil pesos diario contra el alcalde, por cada día que transcurra sin cumplir con la sentencia por incumplir con lo que establece la Ley de Acceso a la Información, 200-04
“El tribunal ordenó que el Ayuntamiento entregue copia del acta del cabildo, así como los documentos depositados por los comunitarios, AES Andrés D.R. y el Ayuntamiento de Boca Chica y la resolución del Concejo de Regidores, donde se autoriza el permiso de uso de suelo para materializar el Gasoducto Andrés Boca Chica”, precisa la sentencia 00-30-03-2018-SSEN00400.
La demanda en cumplimiento fue interpuesta por los regidores Valentín Moneró, Juan Rosario Ozuna, el empresario Raúl Valette y la Fundación Compromiso Social (FUCUSO), quienes exigen la entrega de información relacionada al pago de 8 millones 500 mil pesos que realizó la empresa AES Andrés al cabildo de Boca Chica, según explicó el abogado Nilson Abreu Lebrón.
Los dos regidores, el empresario de Boca Chica y interpusieron el recurso de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo reclamando del cabildo de ese municipio y su alcalde, Radhamés Castro, para que explique sobre el manejo de los recursos ingresados por concepto de uso de suelos para el gasoducto.
“El alcalde y el ayuntamiento se han negado a dar informaciones parcialmente o de manera muy medular, sensibles a lo que tiene que ver con el manejo de los recursos de esa comunidad. Estamos hablando de un gran proyecto que desarrolla la empresa AES Andrés la cual desarrolla un gaseoducto desde Boca Chica hasta la provincia de San Pedro de Macorís”, dijo Lebrón.
Los demandantes sostienen que se ha manejado con un criterio personalista y lamentó que el alcalde que votó la Ley 200-04 de libre acceso a la información se dé a la tarea de negarse a suministrar la información respecto al tema.
El abogado Nilson Abreu Lebrón, agregó que ante la negativa reiterada del alcalde Castro, se vieron en la necesidad de interponer el recurso ante el tribunal.
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