Escrito por
8097026471
noviembre 14, 2018
-
0
Comentarios
Por Wilson Pérez
SANTO DOMINGO, D.N.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que la República Dominicana cuenta con un marco regulatorio contra el lavado de activos, moderno y acorde con la naturaleza y sofisticación del crimen organizado actual, la cual dijo que están aplicando de la manera más efectiva y eficiente posible.
Rodríguez habló del tema durante su exposición en un evento de la Cámara de Comercio y Turismo Domínico Suiza (CCTDS) y la Embajada de Suiza en República Dominicana, que reunió por séptima ocasión a un grupo de expertos, académicos, empresarios, investigadores y altos ejecutivos para analizar la situación de la economía del país, bajo el título “Think Economics: Radiografía de la Economía Dominicana.
El funcionario, dijo que la nueva Ley No. 155-17, promulgada en el mes de mayo del pasado año, presenta una serie de novedades y disposiciones, en especial en materia de persecución penal y control de la criminalidad, de vital importancia para el Ministerio Público.
Agregó que la nueva ley amplía las infracciones precedentes o determinantes de ese delito, es decir, aquellas infracciones que generan bienes o activos ilícitos a los cuales se les da posterior apariencia legítima a través del lavado de activos, agregando nuevas infracciones como el testaferrato, el soborno transnacional, el enriquecimiento injustificado, el delito tributario, los delitos financieros y el sicariato, por lo que cualquiera de esas infracciones puede dar origen a una investigación por lavado de activos por parte del Ministerio Público.
En ese sentido, expresó, que el caso del lavado de activos hablamos de penas que llegan a los 20 años, multas de hasta 400 salarios mínimos, decomiso de todos los bienes producto del ilícito cometido y la inhabilitación temporal, y en algunos casos permanente, para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores y entidades públicas.
Durante su exposición, dijo que las infracciones penales asociadas al lavado de activos, tales como el incumplimiento intencional por parte de empleados, ejecutivos, funcionarios o representantes de las obligaciones de información o reporte previstas en la ley, la revelación a clientes, proveedores, usuarios o terceros no autorizados de los reportes de operaciones sospechosas, entre otras, conllevan infracciones de hasta 600 salarios mínimos, la inhabilitación en las funciones y el decomiso de los bienes.
No hay comentarios
Publicar un comentario