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noviembre 26, 2018
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Arabia Saudita, RT.- El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, enfrenta una denuncia en Argentina por posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Riad en Yemen.
La organización Human Rights Watch (HRW) informó de la denuncia que interpuso ante un fiscal federal argentino, con expedientes sobre posibles violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto armado en Yemen en 2015, cuando Mohammed bin Salman era ministro de Defensa de Arabia Saudita.
Además, la organización denunció la presunta complicidad del príncipe heredero en casos de tortura y otros malos tratos de ciudadanos sauditas, incluyendo el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, un opositor del régimen saudí, quien fue asesinado tras entrar al consulado de Arabia Saudita en Estambul.
En espera del G20
A tan solo cuatro días de que inicie la Cumbre del G20 en Buenos Aires, en la que se prevé la participación de Mohamed bin Salmán, Human Rights Watch espera que la justicia argentina envíe "una señal fuerte de que incluso los poderosos como Mohammed bin Salman no están más allá de la ley".
"La participación del príncipe heredero en la Cumbre G20 en Buenos Aires podría permitir que las víctimas de abusos, que no lograron que se haga justicia en Yemen o Arabia Saudita, puedan obtenerla en los tribunales argentinos", señaló en un comunicado Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.
Ataques a población civil
La organización acusa a la coalición liderada por Arabia Saudita de perpetrar "innumerables ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles y objetos civiles" en Yemen, como viviendas, escuelas, hospitales, mercados y mezquitas, que podrían ser considerados crímenes de guerra.
La Constitución argentina reconoce la jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas, lo que faculta a las autoridades judiciales del país sudamericano a investigar y juzgar estos delitos, en este caso, al príncipe Mohamed bin Salmán.
"Mohamed bin Salmán debería saber que, si va a Argentina, podría enfrentarse a una investigación penal", advirtió Human Rights Watch.
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