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noviembre 21, 2018
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Santo Domingo.- La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Robín Bernstein, sostuvo que diez agencias EE.UU. están involucradas en la seguridad y lucha contra el narco en el país.
Bernstein, definió como un reto compartido la seguridad ciudadana, indicando que su principal responsabilidad es garantizar la seguridad de los más de tres millones de turistas estadounidenses que visitan cada año el país.
La diplomática, dijo que desde el 2010 los Estados Unidos han invertido en la República Dominicana US$ 120 de los 500 millones de dólares dedicados a la iniciativa de seguridad del Caribe.
“Tenemos alrededor de una docena de agencias federales directamente involucradas con esfuerzos locales para luchar contra el narcotráfico, prevenir el crimen y fortalecer las instituciones”.
Advirtió sobre las consecuencias que podría tener sobre las inversiones comerciales norteamericanas a largo plazo si República Dominicana no se enfoca en mejorar sus leyes, la transparencia y su esfuerzo contra la corrupción.
Robín Bernstein, indicó que para atraer compañías estadounidenses que puedan hacer negocio e invertir en República Dominicana, el Gobierno necesita cumplir su rol y mantener un clima de inversión atractivo, estable y predecible.
Bernstein, agregó que el imperio de la ley y tolerancia cero hacia la corrupción son esenciales para seguir atrayendo la inversión de negocios estadounidenses.
La embajadora de Estados Unidos advirtió que las inversiones comerciales sufrirán si no hacen mejoras en seguridad, educación y riesgos de desastres naturales.
Reconoció que República Dominicana se ha convertido en modelo de crecimiento para la región, pero necesita seguridad, preparación ante desastres y educación. “Debajo de todo eso está la conciencia de que el capital moderno quiere estabilidad y el imperio de la ley”, enfatizó.
En cuanto a la lucha conjunta de ambos países contra el narcotráfico, el lavado de activos, y otras actividades ilícitas, abogó para que durante su gestión en el país exista voluntad política para aprobar la ley de embargo de bienes.
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