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julio 17, 2018
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Ambos funcionarios negaron que se haya pagado la suma de RD$1,400 millones por parte de la Dirección de Comunicación y el Ministerio Administrativo de la Presidencia a las empresas de Santana y su esposa.
“En su informe, los indicados diputados ha difundido la falsa información de que el gobierno, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación, pagó la suma de mil cuatrocientos millones de pesos (RD$1,400,000,000. 00) a las empresas CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L.
Nada más alejado de la verdad.
Los pagos totales que se le hicieron a esas empresas durante los años que prestaron servicios a estas instituciones, incluyendo ITBIS e impuestos, ascendieron a la suma de cuatrocientos treinta millones quinientos seis mil setecientos once pesos con diez y siete centavos (RD$430,506,711.17)”, dice la carta.
Indicaron que la solicitud de información respecto a los citados pagos procura no más que “una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano”.
“En cualquier caso, continuaremos suministrando toda la información requerida sobre este asunto, como en efecto hemos hecho a través de la comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia del 13 de julio del año en curso en respuesta a la honorable diputada Faride Raful Soriano”, acotaron.
A continuación la carta íntegra enviada:
Honorable
Rubén Maldonado Díaz
Presidente de la Cámara de Diputados
de la República Dominicana
Su Despacho
Honorable señor Presidente:
Cortésmente, nos dirigimos a usted, y a través suyo a los demás honorables miembros de la Cámara de Diputados, para suministrarle las informaciones relativas a los servicios publicitarios contratados y pagados a las empresas CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación durante el período 2012-2016. Hacemos esta comunicación en respuesta a la denuncia hecha en esa cámara legislativa el jueves 12 del mes en curso por los diputados Faride Raful, Francisco Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz, quienes también sometieron un proyecto de resolución con miras a poner en marcha un proceso de investigación sobre los referidos contratos.
Mediante comunicación separada le estamos remitiendo a los indicados diputados la información solicitada en virtud de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, pero a la vez hemos querido compartir con usted y demás miembros de esa cámara legislativa no solo esas informaciones, sino también algunas consideraciones que estimamos relevantes para mostrar las tergiversaciones mal intencionadas en que han incurridos dichos diputados en su proyecto de resolución y en las intervenciones de algunos de ellos en los medios de comunicación.
Lo primero a señalar es que las informaciones a que se refieren dichos diputados están desde hace bastante tiempo en su poder, pues estas les fueron suministradas a través de: a) la comunicación del 7 de abril de 2017 del Ministerio Administrativo de la Presidencia en respuesta al honorable diputado Francisco Javier Paulino; y b) la comunicación del 2 de febrero de 2018 de la Contraloría General de la República en respuesta a la honorable Diputada Faride Raful Soriano. De esto se desprende que la solicitud de información formulada recientemente por uno o más de estos diputados al Ministerio Administrativo de la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara legislativa en relación a este mismo asunto lo que procura no es más que una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano. En cualquier caso, continuaremos suministrando toda la información requerida sobre este asunto, como en efecto hemos hecho a través de la comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia del 13 de julio del año en curso en respuesta a la honorable diputada Faride Raful Soriano.
En lo que respecta al fondo de esta cuestión, lo primero a plantear es que en la contratación de las referidas empresas por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación se actuó con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a las normas de transparencia que rigen el proceso de contratación y pago en la Administración Pública. Hay que decir, además, que los pagos realizados a esas empresas se corresponden plenamente con los servicios prestados de acuerdo a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo y que en el momento de su contratación y durante el tiempo en que estas prestaron sus servicios no existían impedimentos legales o de otro tipo ni contra esas empresas ni contra sus titulares.
Pasamos ahora a examinar algunos puntos cruciales del proyecto de resolución presentado en esa cámara legislativas por los diputados antes mencionados:
1) En la página 16 del proyecto de resolución se solicita “a) Verificar legalidad de los contratos suscritos por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación (DICOM)…’’. Al respecto, como hemos señalado, la contratación de dichas empresas se hizo con estricto apego a las normas legales y de transparencia aplicables a este tipo de contratación por parte de entes y órganos de la Administración Pública. En efecto, dicha contratación se hizo en virtud del artículo 6 de la Ley núm. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Más aún, se cumplieron todas las formalidades propias para la contratación de dichos servicios, su facturación y pago. Esto es lo que nos permite estar en condiciones de ofrecer todas las informaciones que se nos solicite en relación a los referidos contratos, lo cual hacemos no solo porque es una obligación legal, sino también por nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
2) En su informe, los indicados diputados han difundido la falsa información de que el gobierno, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación, pagó la suma de mil cuatrocientos millones de pesos (RD$1,400,000,000.00) a las empresas CINE &ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. Nada más alejado de la verdad. Los pagos totales que se le hicieron a esas empresas durante los años que prestaron servicios a estas instituciones, incluyendo ITBIS e impuestos, ascendieron a la suma de cuatrocientos treinta millones quinientos seis mil setecientos once pesos con diez y siete centavos (RD$430,506,711.17), la cual se desglosa de la siguiente manera:
Empresa Contratada Institución Contratante Monto Pagado
Polis Caribe, SRL Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$ 184,097,700.00
Polis Caribe, SRL Dirección General de Comunicación RD$ 71,555,766.77
Cine&Arts2003, SRL Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$ 139,090,395.00
Cine&Arts2003, SRL Dirección General de Comunicación RD$ 35,762,850.00
Es vidente la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados.
3) En cuanto al alegato de que dichos contratos siguen vigentes, desmentimos esa información, al tiempo que ofrecemos la información correcta: a) el contrato con POLIS CARIBE, S.R.L. inició el 3 de diciembre de 2012 y fue rescindido el 3 de diciembre de 2015 mediante una carta enviada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia Al respecto, vale aclarar que la razón por la cual se produjo la terminación de ese contrato fue que a partir del 1 de enero de 2016 empezaría de lleno la campaña electoral en la que el presidente Danilo Medina competiría para un segundo mandato, por lo que era inapropiado que quienes serían sus asesores de campaña tuvieran al mismo tiempo contratos con instituciones del gobierno. Algo similar puede decirse en relación al contrato con CINE &ARTS2013, S.R.L. Su contrato inició el 3 de marzo de 2014 y estuvo vigente hasta el 3 de marzo de 2016.
4) Los referidos diputados han alegado que las empresas con las que se hicieron esas contrataciones eran propiedad de personas que fueron acusadas de corrupción, lavado de activos y otros delitos en su país de origen, Brasil, por lo que dichas contrataciones también fueron ilegales. Al respecto, es importante aclarar que los propietarios de esas empresas –los señores … -no estaban acusados ni condenados por ningún delito ni al momento en que se produjeron las contrataciones ni durante la vigencia de esos contratos. Los procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido, cualquier pago que se haya realizado a su favor después de que empezaran los procesos judiciales en su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios prestados durante la vigencia de los contratos.
5) En en lo que respecta a la acusación de que la memoria del Ministerio Administrativo de la Presidencia correspondiente al año 2014 no se encuentra disponible, les indicamos que sí está publicada en su portal Web (www.mapre.gob.do), al igual que las demás memorias correspondientes al período 2013-2017, en las que se puede comprobar el desempeño presupuestario en el acápite publicidad y otros servicios técnicos profesionales. Si bien en ese acápite aparece un momento global, esto se debe a la enorme cantidad de libramientos que se emiten durante el año, pero el Ministerio está disponible para ofrecer cualquier información particular que se le solicite..
Honorable señor presidente: agradecemos de antemano la atención que le preste a esta comunicación, al tiempo que nos ponemos a su disposición en caso de requerir información adicional sobre este asunto. Reafirmamos a la vez nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.
Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestros sentimientos de la más alta estima y consideración.
Atentamente,
José Ramón Peralta F. Roberto Rodríguez Marchena
Ministro Administrativo de la Presidencia Director General de Comunicación
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