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martes, 23 de junio de 2026


 Santo Domingo, República Dominicana. – El periodista, abogado, activista social y candidato independiente Roberto Monclus participó este viernes 20 de junio de 2026 en el Encuentro Socio-Político celebrado en el Hotel Barceló Santo Domingo (Hotel Lina), donde hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo político, social e institucional para el país.

Durante su intervención, Monclus destacó la importancia de crear espacios de diálogo abiertos y participativos que permitan escuchar las inquietudes de la población y generar propuestas orientadas al fortalecimiento de la democracia, la transparencia y el desarrollo nacional. Señaló que la transformación de la República Dominicana requiere el compromiso de todos los sectores sociales y la participación consciente de los ciudadanos.


El comunicador compartió escenario con Marino Guzmán y Miguel Valoy, junto a quienes analizó los principales desafíos que enfrenta la nación y las oportunidades para promover cambios que contribuyan a una sociedad más justa, inclusiva y comprometida con el bienestar colectivo.

Monclus afirmó que el cambio verdadero comienza cuando los ciudadanos asumen un papel protagónico en la toma de decisiones y dejan de ser simples observadores de la realidad nacional. En ese sentido, exhortó a los dominicanos residentes en el país y en el exterior a integrarse a los procesos de discusión y construcción de propuestas que fortalezcan las instituciones democráticas.

“El mayor cambio político y social de nuestra historia reciente solo será posible con la participación activa de la ciudadanía. Es tiempo de unir voluntades, renovar la esperanza y trabajar juntos por una República Dominicana más próspera, participativa y soberana”, expresó Monclus al concluir su intervención.

El Encuentro Socio-Político reunió a líderes sociales, profesionales, comunicadores y ciudadanos interesados en intercambiar ideas sobre el presente y el futuro de la República Dominicana, en un ambiente de respeto, pluralidad y compromiso con el desarrollo nacional.

  


Dr. Isaías Ramos

Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.

La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.  

Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.

La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.  

Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.  

La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.  

Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.  

La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.  

La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.  

También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.  

En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.

Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.


 Santo Domingo. La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (LEIDSA), informó la entrega de RD$62 millones a dos nuevos ganadores de sus sorteos Loto y Súper Kino TV, correspondientes al sorteo realizado el pasado sábado 30 de mayo.

Los afortunados son Genry Martínez Álvarez, ganador de RD$25 millones con el juego Súper Kino TV, y Rafael Antonio Jiménez Jiménez, ganador de RD$37 millones con el Loto.

Genry Martínez Álvarez, quien se desempeña como ebanista, obtuvo el premio de RD$25 millones mediante una jugada automática compuesta por los números 2-9-20-28-30-35-36-50-58-63. El boleto ganador fue adquirido en el punto de venta Farmacia Ivanna, ubicado en la calle Emma Balaguer No. 29, sector Los Girasoles, Distrito Nacional.

Por su parte, Rafael Antonio Jiménez Jiménez, profesional de la psicología y docente con más de tres décadas de trayectoria, resultó ganador de RD$37 millones tras realizar una jugada seleccionada con los números 1-14-18-29-32-34. El ticket fue vendido en Farmacia Viva, ubicada en el municipio de Villa González, provincia Santiago.

Durante el acto de entrega, los ganadores compartieron sus planes para invertir el premio recibido. Al recibir su cheque de manos del licenciado Manuel Abreu, director de Sorteos de LEIDSA, Genry Martínez expresó que utilizará el dinero para establecer su propio taller de ebanistería y fortalecer su actividad profesional.

Mientras tanto, Rafael Antonio Jiménez manifestó que destinará parte de los recursos a garantizar una pensión digna, mejorar la calidad de vida de su familia y realizar aportes a su comunidad religiosa.

Como parte de su programa de incentivos, LEIDSA también entregó RD$100,000 y RD$65,000 a los propietarios y operadores de los puntos de venta donde fueron comercializados los boletos ganadores, en reconocimiento a su contribución en la distribución de los juegos de la empresa.

Con estas entregas, LEIDSA reafirma su compromiso de continuar brindando oportunidades a miles de dominicanos a través de sus diferentes productos de lotería, contribuyendo al desarrollo de sueños y proyectos de vida de sus jugadores.

lunes, 22 de junio de 2026

 


Santo Domingo. – La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) reitera el llamado a los familiares de afiliados fallecidos que cotizaron en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), así como a las personas que en algún momento realizaron aportes al Sistema de Capitalización Individual (CCI) y podrían tener beneficios pendientes de reclamar, a verificar su situación. La exhortación se produce luego de que, en los últimos seis meses, más de RD$855 millones fueran entregados a familiares de afiliados fallecidos que desconocían su derecho a recibir estos recursos.

El director general de la DIDA, Elías Báez, recordó que en agosto del 2025 la institución alertó sobre la existencia de más de RD$8,000 millones acumulados durante más de dos décadas en cuentas del Sistema de Capitalización Individual pertenecientes a afiliados fallecidos. A partir de esa información, la DIDA puso en marcha una campaña nacional de orientación para promover el acceso a las pensiones por sobrevivencia y la devolución de aportes a favor de los herederos legales.

Báez explicó que los trabajadores afiliados al sistema de pensiones deben verificar su situación ante su AFP, especialmente aquellos que ya no se encuentran laborando, han alcanzado la edad requerida para pensionarse o aún no han recibido una pensión, ya que podrían tener fondos acumulados o beneficios pendientes de gestionar.

La Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece que para optar por una pensión por vejez en el régimen de capitalización individual se requiere haber cumplido 60 años de edad y contar con al menos 360 cotizaciones mensuales.

Asimismo, indicó que cuando un afiliado fallece, sus beneficiarios pueden tener derecho a recibir prestaciones o fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, por lo que invitó a los familiares a acercarse a la DIDA o a su AFP para recibir orientación, verificar su estatus y conocer los derechos que les corresponden.

Como parte de esta iniciativa, la DIDA realizó más de 20,000 orientaciones a ciudadanos interesados en conocer los requisitos y procedimientos para acceder a estos beneficios.

Las acciones desarrolladas permitieron que 2,675 familias recibieran RD$855,393,061.09 correspondientes a fondos acumulados por familiares fallecidos que permanecían sin reclamar. Asimismo, de acuerdo con el boletín de marzo de 2026 de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), fueron aprobadas 1,189 solicitudes de pensión por sobrevivencia, mientras otras 1,807 continúan en proceso de trámite.

El titular de la DIDA destacó que durante los primeros seis meses posteriores a la divulgación de esta información se produjo una movilización sin precedentes de estos recursos, lográndose la entrega de más del 10 % de los fondos acumulados en cuentas de afiliados fallecidos. Estas gestiones han beneficiado o se encuentran beneficiando a cerca de seis mil familias dominicanas, entre casos ya concluidos y solicitudes actualmente en proceso.

Báez añadió que aún existen miles de personas con derechos pendientes de ejercer, por lo que instó a los familiares de afiliados fallecidos a verificar si les corresponde algún beneficio económico. 

De igual forma, animó a las personas que cotizaron al sistema y no han recibido una pensión a informarse sobre los beneficios a los que podrían tener derecho.

“Cada derecho que se ejerce representa una mejora en la calidad de vida de una familia dominicana. Por eso seguiremos trabajando para que la información llegue a quienes la necesitan y ningún beneficio permanezca sin reclamar por falta de conocimiento”, expresó.


 Tras aclarar el marco legal de los descuentos por nómina, el analista defiende la solidez y los mecanismos de auditoría que garantizan la estabilidad de los recursos de los maestros.

Santo Domingo. – El periodista y comentarista Julio Martínez Pozo resaltó el papel estratégico de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) como una institución clave para la estabilidad financiera del magisterio dominicano, al tiempo que llamó a proteger y preservar su modelo de servicio.

Durante su comentario, Martínez Pozo destacó que COOPNAMA, con 55 años de trayectoria institucional, opera fundamentalmente con los recursos de sus propios socios, lo que permite que los beneficios generados retornen directamente a los maestros a través de servicios, excedentes y facilidades financieras.

“Cuando se logra una cosa como esa, hay que protegerla, hay que preservarla”, expresó el comunicador, tras señalar que la cooperativa constituye una conquista del sector magisterial que debe ser fortalecida, sin que ello excluya la crítica responsable y constructiva orientada a su mejora permanente.

El analista también se refirió a los cuestionamientos sobre los descuentos por nómina que se realizan a través del Ministerio de Educación, precisando que esta práctica no constituye un privilegio exclusivo de COOPNAMA, sino que responde a un marco legal establecido mediante un decreto emitido en 1982 durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco.

“Hay que decir que no es único, no es único de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros. Ese es un decreto del año 82 de Salvador Jorge Blanco y el decreto no es sobre COOPNAMA, es sobre todas las instituciones cooperativas del sector público que tienen y pueden acogerse al mismo privilegio”, explicó Martínez Pozo.

En ese sentido, sostuvo que dicha disposición ampara a las cooperativas del sector público y a entidades vinculadas a distintos gremios, con el objetivo de garantizar la seguridad financiera de los préstamos otorgados a sus asociados.

Martínez Pozo sostuvo que uno de los principales aportes de COOPNAMA a sus afiliados está en las condiciones competitivas de sus productos financieros. En ese sentido, indicó que los préstamos de consumo de la cooperativa se colocan con tasas que oscilan entre un 10 % y un 16 %, por debajo de las tasas del mercado financiero tradicional, que se sitúan entre un 18 % y un 22 %.

Asimismo, subrayó que, a diferencia de la banca comercial, los intereses pagados por los maestros dentro de COOPNAMA se reinvierten en beneficio de los propios socios, una matrícula que supera los 206,000 asociados en todo el país.

En materia de transparencia, el comunicador resaltó que la cooperativa se somete a cuatro tipos de auditorías, superando los requerimientos establecidos en la Ley 127, lo que —según afirmó— contribuye a garantizar el buen manejo de los recursos y la estabilidad institucional.

Finalmente, Martínez Pozo exhortó a los socios a continuar fortaleciendo a COOPNAMA, al considerar que su solidez representa una ventaja significativa para los educadores dominicanos frente a las condiciones, exigencias y costos del sistema financiero tradicional.


 


Santo Domingo, D.N. – El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Seccional Distrito Nacional, expresó su firme rechazo a las acciones y señalamientos realizados contra el veterano comunicador Robert Arvelo, al considerar que constituyen una conducta incompatible con el respeto, la convivencia y la dignidad humana.

El secretario general de la seccional, Mario Antonio Lara Valdez, calificó como inaceptable cualquier manifestación de agresión física, moral o emocional contra profesionales de la comunicación, especialmente cuando se trata de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad por razones de salud.

En ese sentido, el dirigente gremial exhortó a las partes involucradas a privilegiar el diálogo y los mecanismos de entendimiento como vía para resolver diferencias de criterio, promoviendo siempre el respeto mutuo y la convivencia pacífica.

El SNTP recordó que Robert Arvelo cuenta con una reconocida trayectoria de más de 35 años en el ejercicio de la comunicación, caracterizada por su profesionalismo, solidaridad y compromiso con la sociedad dominicana, cualidades que le han granjeado el respeto de colegas y diversos sectores de la vida nacional.

Asimismo, la organización consideró necesario que se esclarezcan los hechos denunciados y que se produzca una rectificación pública que contribuya a restablecer un clima de respeto y armonía.

Finalmente, el SNTP Distrito Nacional reafirmó su compromiso con la defensa de la dignidad, la integridad y los derechos de todos sus miembros, reiterando que permanecerá atento al desarrollo de esta situación y brindará el acompañamiento institucional correspondiente.


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